CCIODH: la matanza de Acteal, modelo represivo que se repite en todo el país

La comisión identifica en el ataque “responsabilidades institucionales concretas”

Hermann Bellinghausen

Pese a intentos de los sucesivos gobiernos mexicanos de presentar como episodios aislados la matanza de Acteal y otros actos de violencia represiva, como si fueran “fruto de confrontación entre particulares o entre comunidades rivales”, los hechos apuntan “a responsabilidades institucionales concretas”, señala la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).

Cuando están por cumplirse 10 años de la matanza de indígenas en Acteal, Chiapas, la instancia internacional, nacida a raíz de aquellos hechos, dio a conocer en un documento que: “El 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar disparó de manera indiscriminada en el interior de una iglesia de la comunidad de Acteal. Las balas se llevaron la vida de 45 tzotziles, 16 niñas, niños y adolescentes, 20 mujeres y nueve hombres. Siete de las mujeres estaban embarazadas”.

Las personas masacradas pertenecían al grupo civil Las Abejas, dedicado a defender sus derechos como pueblos indígenas. “El día en que fueron brutalmente asesinados se encontraban reunidos orando por la paz para su comunidad y otras vecinas, desplazadas por apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).”

La CCIODH subraya que en los años posteriores Acteal ha evocado “distintos lugares, con diversos protagonistas y diferentes vulneraciones de derechos humanos: Atenco, Oaxaca, Guerrero, la ciudad de México y Ciudad Juárez”. Allí han sido agredidos “mujeres y hombres, indígenas y mestizos, periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos, campesinas y campesinos”. Se han cometido feminicidios, desapariciones forzosas, detenciones ilegales, trabajo infantil, ataques contra la integridad física, sicológica y sexual, vulneración del derecho a la identidad cultural, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, y a juicios que respeten las garantías y derechos de participación política.

Pese a los intentos gubernamentales por presentar tales vulneraciones como episodios aislados, su repetición y envergadura “apuntan a causas de tipo estructural y a responsabilidades institucionales concretas”.

Las graves violaciones de derechos humanos en México “son consecuencia directa de un entramado de factores que se pueden situar en tres ámbitos”, añade la comisión. Y menciona la consolidación de un modelo socioeconómico desigual, incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de la población, “pese a que la economía mexicana se sitúa entre las más poderosas del planeta”; la inexistencia o extrema debilidad “de canales que hacen posible una participación política amplia, consciente y determinante”, así como “la impunidad de los cuerpos de seguridad y el Ejército, vinculada a la falta de independencia del Poder Judicial”.


Según la CCIODH, la responsabilidad debe atribuirse principalmente a las instituciones del Estado mexicano. Los informes y recomendaciones de distintos relatores especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como los pronunciamientos promovidos desde el Parlamento Europeo o las denuncias de organizaciones de defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch) “no han logrado provocar en los distintos gobiernos mexicanos más que tímidos y teatrales gestos, cuando no la negación rotunda o el silencio indiferente”.

En este contexto, la CCIODH “quiere seguir amplificando la voz de los testimonios de vulneraciones de derechos humanos en México”. Amparada en la legitimidad que le otorga el trabajo efectuado en cinco misiones de observación entre febrero de 1998 y mayo de 2007, la comisión “considera obligado recordar que, desgraciadamente, siguen teniendo vigencia las denuncias y recomendaciones efectuadas tras cada una de las visitas realizadas (a Chiapas las tres primeras, a Atenco la cuarta, y la última a Oaxaca)”.

Diez años después de Acteal, “sigue siendo necesario recordar la matanza, sus causas y protagonistas”. La tarea de evitar nuevos Acteales demanda sostener la lucha contra la impunidad. “Ninguna vulneración de derechos sociales, culturales, económicos, políticos y civiles debería quedar sin respuesta”. La CCIODH interpela a todos los actores sociales y políticos, mexicanos e internacionales, “a que ejerzan una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes públicos y privados”. La comisión refrenda su compromiso de mantener su labor de observación civil iniciada hacer ya cerca de 10 años.

http://www.jornada.unam.mx/2007/10/23/index.php?section=politica&article=013n1pol