Visten de legalidad desalojos proyectados para la inversión turística en Chiapas

Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de octubre. Con notable sincronía, el viernes 24 el Congreso del estado aprobó por unanimidad una “ley de desalojos” que se presenta como “humanitaria”, pero inevitable, pues los desahucios continuarán, según indica el espíritu del nuevo reglamento y la realidad cotidiana de Chiapas. Simultáneamente, los administradores priístas de Agua Azul, municipio de Tumbalá, convertidos en “guardias forestales”, exigieron al gobierno el desalojo de los “invasores” zapatistas, sin decir que se refieren a la comunidad Bolon Ajaw.

Identificados como “ex miembros” de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), exigieron que las autoridades “restablezcan el estado de derecho en esta área ecológica federal” y “procedan al desalojo de un grupo invasor y ecocida (presuntos zapatistas), sea de la ideología que sea, porque nadie puede estar por encima de las leyes”.

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