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septiembre 19, 2009

Dictan otro auto de formal prisión contra dos tzeltales simpatizantes del EZLN

Describe la defensa irregularidades de la autoridad judicial en el debido proceso legal

El Centro Frayba rechaza la determinación del juez sin elementos de prueba suficientes

Hermann Bellinghausen. La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de septiembre. Este miércoles, el juez segundo del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez dictó nuevamente auto de formal prisión en contra de los hermanos Antonio y Gerónimo Gómez Saragos, campesinos tzeltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, acusados injustamente de robo con violencia y delincuencia organizada, informó hoy el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), encargado de su defensa.

El caso, dentro de la causa penal 273/2009, se deriva de la aprehensión de Gerónimo el 12 de abril pasado, y posteriormente la de Antonio y otros cinco ejidatarios de San Sebastián, además de un comerciante, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del crucero Agua Azul. El gobierno exhibió en los medios a los indígenas como simples asaltantes de caminos. Sin embargo, ante lo infundado de los cargos, en las semanas posteriores fueron liberados todos, con excepción de Gerónimo y Antonio.

El CDHFBC refiere que que el pasado 24 de agosto, en sesión de pleno de la segunda sala penal de Tuxtla Gutiérrez, al resolver la apelación 124-A/2009 interpuesta por los hermanos Gómez Saragos contra el auto de formal prisión, la autoridad judicial decidió ordenar la reposición del procedimiento para la práctica de las diligencias de interrogatorio, que no fueron desahogadas debidamente por el juez de primera instancia.

Ello para que, en su momento, éste mismo dicte un nuevo auto de término constitucional, otorgando la libertad o decretando la sujeción al proceso de los hermanos, recluidos desde hace cinco meses en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, El Amate, en Cintalapa de Figueroa.

La defensa informa que las diligencias pendientes se llevaron a cabo el pasado 14 de septiembre. “Versaron en interrogatorios para Martha Sánchez López, quien fungió como ‘perita traductora’ de los tzeltales cuando fueron injustamente presos, y para el defensor de oficio Cándido Guzmán López, adscrito al Instituto de la Defensoría Social”, quien los asistió entonces.

Impiden entrevista con perita traductora

Interrogada por los abogados del CDHFBC, Sánchez López aceptó que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) no le permitió una entrevista privada con Gerónimo Gómez Saragos previo a que lo hicieran firmar una declaración autoinculpatoria. Tampoco pudo asisitirlo adecuadamente durante su declaración ministerial.

Elementos claves que confirman las violaciones graves al debido proceso legal, por la incomunicación y tortura inferidas a los indígenas desde la averiguación previa, sostiene el CDHFBC.

Interrogado de igual forma, el defensor social Guzmán López manifestó desconocer cuál era la lengua y cultura de los dos hermanos tzeltales de Bachajón, contrariando la disposición constitucional del artículo 2, apartado A, fracción octava, que ordena que todas las personas pertenecientes a un pueblo indígena bajo juicio gozarán de la asistencia de un intérprete y un defensor que conozcan su lengua y cultura.

El CDHFBC expresa su rechazo a la determinación del juez segundo del ramo penal en El Amate de dictar un nuevo auto de formal prisión sin elementos suficientes de prueba para procesar a Gerónimo y Antonio Gómez Saragos. A más de cinco meses de estar encarcelados, la defensa exige su libertad inmediata.

El ejido San Sebastián Bachajón es vecino a las cascadas de Agua Azul. Sus pobladores se oponen mayoritariamente a la autopista San Cristóbal-Palenque. A fines de agosto reiteraron que las policías estatal y federal “siguen ocupando ilegalmente nuestro territorio, amenazando con sus paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) a nuestros compañeros y compañeras de la otra campaña, y despojándonos del derecho a controlar nuestros territorios y recursos naturales”.

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