¡ ALTO a la guerra de exterminio contra las Comunidades Autónomas Zapatistas !
¡ ALTO al hostigamiento por parte del mal gobierno Federal y Estatal;
priista, perredista, panista y petista !
! Fuera el ejército y los paramilitares del territorio autónomo Zapatista !
INFORMATE CONOCELOS APOYALOS,
¡Si le pegan a uno nos pegan a tod@s!
...gente del pueblo desde abajo y a la izquierda en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, porque "No basta con enterrar al capitalismo, hay que sepultarlo boca abajo. Para que, si se quiere salir, se entierre más"...

noviembre 30, 2007

REPORTAJE / A diez años de acteal. PARTE VI

El gobierno propició choque entre paramilitares y EZLN
Hermann Bellinghausen / VII

Una investigación en curso del periodista Jesús Ramírez Cuevas y el informe de la CDHFBC sobre la masacre arroja nuevos elementos, los cuales conducen a la hipótesis de que los gobiernos federal y estatal fabricaron conflictos de tierras, recursos, religiosos o políticos para inducir a la confrontación entre indígenas de Chiapas

El episodio del banco de arena de Majomut el 21 de septiembre de 1997 transparenta dos condiciones del momento. Una, que la beligerancia de los paramilitares de Los Chorros ya equivalía a una “declaración de guerra”, cuya intención no era “recuperar” una mina, sino atacar la cabecera municipal autónoma de Polhó. Y dos, la menos conocida intervención directa del gobierno (aunque por omisión), a través del secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, quien se comprometió con los representantes frentecardenistas de Los Chorros a enviar ese día a Majomut un destacamento de la policía de la Seguridad Pública, para el que pudo ser un ataque en forma contra la comunidad zapatista.

Según revelaciones recientes de pobladores del área sobre aquellos días, dos cosas fallaron en el plan de los paramilitares de Los Chorros. No se lanzaron con ellos los demás civiles armados de Puebla, Tzanembolom y otras comunidades, a quienes trataron de convencer, pues contaban con que también llegaría a la cita la Seguridad Pública (SP), lo divulgaron y se sintieron fuertes. Al no intervenir ni cumplirles, el gobierno propició un previsible choque entre paramilitares y zapatistas en la zona donde se encontraban los primeros campamentos de desplazados, en las afueras de Polhó.

La cosa venía de semanas atrás
Como ya empezaba a ser la regla en Chenalhó, también la agresión paramilitar en el banco de arena del 21 de septiembre fue anunciada de muchas maneras. El episodio fue reportado por La Jornada, pero es útil considerar otras fuentes de la época. El informe Camino a la masacre, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC, 1998), refiere: “A finales de julio de 1997 llegó a Los Chorros el regidor del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) del cabildo constitucional, José Ruiz Pérez, solicitando apoyo a los ejidatarios para quitar a los miembros del municipio autónomo el control del banco de arena. Algunos estuvieron de acuerdo”.

El 25 de agosto, “el municipio autónomo abrió los mojones entre el banco de arena y Majomut, donde sólo quedaban ocho familias. El resto se refugiaron en otras comunidades; la mayoría regresó a Yibeljoj, su comunidad de origen. Al día siguiente en Los Chorros fueron amenazadas varias familias leales al municipio de Polhó con ser desalojadas”. El 30 se realizó una asamblea en la casa ejidal de Los Chorros. Las Abejas dijeron que no querían más problemas ni más muertos, pero no fueron escuchados. Al día siguiente la SP se acantonó en la ‘casa grande’ de Majomut”, a menos de un kilómetro del centro de Polhó, y a más de 10 de Los Chorros. Tiempo después, la SP se retiró.

El 16 de septiembre, las autoridades de Los Chorros exigieron 100 pesos por familia para comprar armas y municiones para “recuperar” el banco de arena. “De manera coordinada, las autoridades del vecino ejido Puebla hicieron lo mismo. Seis familias del municipio autónomo y Las Abejas que se opusieron a cooperar para atacar a sus propios compañeros fueron detenidas”. El 17 de septiembre, ante las amenazas, 60 familias de Los Chorros se refugian en Naranjatik. Las autoridades de Los Chorros encerraron a siete simpatizantes del municipio autónomo.

Miembros del Consejo de Polhó solicitaron al CDHFBC su “urgente intervención, a fin de evitar lo que parecía un grave enfrentamiento. No obstante, desde Los Chorros se nos informó que ‘no pasa nada, todo está tranquilo’. La persona operadora de la caseta telefónica en Acteal confirmó que la situación era muy delicada”, añade el informe del centro.

El 18 de septiembre, vecinos del municipio de Tenejapa informaron que desde la distancia se veían muchas casas incendiadas en Los Chorros. En efecto, 17 casas de los desplazados fueron quemadas por las autoridades. El día 19 algunos priístas y militantes del PFCRN convocaron a las comunidades de Acteal, Nueva Esperanza y Yibeljoj para reunirse en Los Chorros al día siguiente. Antonio Vázquez Gómez intentó presentar una denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia respecto a la quema de casas en Los Chorros, pero ésta fue aceptada hasta el día 21.

Para ver la continuación de este reportaje visita: http://www.jornada.unam.mx/2007/11/11/index.php?section=politica&article=005r1pol

Piden no visitar cascadas de Agua Azul por la represión a zapatistas

Elio Henríquez (Corrresponsal)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de noviembre. El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) envió una brigada de observación a la comunidad de Bolon Ajaw, municipio de Tumbalá, para tratar de frenar la “brutal represión implementada” contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Al mismo tiempo convocó a realizar una campaña para boicotear las visitas a las cascadas de Agua Azul –uno de los principales sitios turísticos de la entidad– “hasta que no cesen las agresiones, hostilidades y amenazas de desalojo contra las bases de apoyo zapatistas de Bolon Ajaw”.

En un comunicado, el CAPISE aseguró que en ese poblado, perteneciente al municipio autónomo Olga Isabel, y en otras zonas del territorio indígena de Chiapas, “el propósito del desalojo forzado ha alcanzado límites máximos de tensión”.

Reiteró que “la sistemática operación de contrainsurgencia implementada contra los pueblos zapatistas empieza a alcanzar situaciones extremas”.

Sostuvo que uno de los puntos de mayor tensión es Bolon Ajaw, por lo que hoy partió hacia ese lugar una brigada especial de observación, conformada por 12 personas, que permanecerá con los pobladores para brindarles acompañamiento y documentar los hechos que se sucedan en su contra.

Advirtió que si los integrantes de la misión o algún poblador es agredido por miembros de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), el CAPISE –por vez primera– presentará una denuncia penal en contra de la dirigencia y los agresores directos.

Agregó que la querella incluiría a José Hernández Nava, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la región Frontera Sur, a quien la bases de apoyo del EZLN acusan de estar “coludido” con los priístas.

El poblado de Bolon Ajaw comprende 339 hectáreas y se formó con tierra “recuperada por bases de apoyo zapatistas en 2001”. Actualmente lo habitan 41 familias, que suman 200 personas, entre adultos y niños. Se ubica en el ejido Agua Azul, dentro del cual están las cascadas del mismo nombre, que explotan integrantes de la Opddic.

El CAPISE aseveró que desde septiembre pasado la realidad que viven los habitantes del lugar “se ha tornado crítica (...) la situación de los pobladores de Bolon Ajaw se ha agravado alarmantemente (...) el nivel de las agresiones llegó a un punto crítico”.

Sostuvo que “es por demás flagrante la total impunidad con que operan los miembros de la Opddic, en articulación con José Hernández Nava, y con el puesto de la policía de Seguridad Pública destacamentado en el desvío de la carretera hacia las cascadas de Agua Azul”.

La agrupación hizo un llamado a todas las organizaciones y personas de México y de otros países a manifestarse públicamente contra “la represión que padecen los pueblos indígenas zapatistas”, al tiempo que convocó, en el contexto de la Campaña Mundial por la Defensa de la Tierra y el Territorio, a realizar una campaña “donde se indique: ‘No visites las cascadas de Agua Azul hasta que no cesen las agresiones, hostilidades y amenazas de desalojo contra las bases de apoyo zapatistas de Bolon Ajaw’”.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA: http://www.jornada.unam.mx/laotra/

noviembre 28, 2007

Acción en Colima: ¡Alto a la guera contra los zapatistas!
El pasado 17 y 19 de Noviembre con motivo de la Jornada Nacional de Solaridad con las Comunidades Zapatistas, la Unidad Organizativa de Trabajo de Jóvenes de Colima (UOT), decidió hacer una acción en donde se pudiera difundir la ola de represión a cargo del gobierno de FECAL y en manos del ejercito y de grupos paramilitares.

La Otra Campaña es clara si nos tocan a unxs no tocan a todxs, es por eso que mediante carteles, calcomanías y volantes, la UOT difundió lo que están haciendo estos ASESINOS en contra de nuestros compañerxs zapatistas. Esta acción se realizó en los barrios populares, lugar en donde está la gente humilde y sencilla.

Pero claro nunca faltan los policías que nomás llegan a hostigar, el pretexto fue: una llamada anónima, el delito: ni ellos mismos lo sabían, incluso llamaron a sus “superiores” para preguntar si estaban en elecciones que porque había una tal “La Otra Campaña”.

Los objetivos aún no se cumplen y mientras la represión siga golpeando, nosotrxs seguiremos luchando.




















JBG “Nueva semilla que va a producir” denuncia los maltratos que sufre Gregorio Álvaro Cruz. 27 de Noviembre.

CHA’AN LAK PEJTELEL
TE PUY YA XC’UPOJ E HABLA PARA TOD@S
PUY MU’BATI T´’ YU’UN TA JPISILTIC

JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR
CARACOL V QUE HABLA PARA TODOS

Chiapas, México, a 27 de Noviembre de 2007

A los adherentes de la otra campaña
A los adherentes de la Zezta Internacional
A los medios de comunicación alternativos
A los pueblos dignos de México y el Mundo

Hermanos y Hermanas:

Por medio de esta denuncia damos a conocer las injusticias y arbitrariedades que sufren los internos del Centro de Readaptación Social Número 17 en Playas de Catazajá, Chiapas, especialmente nuestro compañero Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional Gregorio Álvaro Cruz:

Hemos recibido denuncia de los internos del Cereso No. 17, por las graves violaciones a sus derechos, prepotencias y abusos que sufren por parte de los custodios, a los internos les contestan de forma agresiva, con insultos porque son indígenas, no hay atención médica, cuando piden un médico le dicen que “trate de aguantarse”, “al rato”, “deja de estar chingando”, sí hay alguien grave sólo lo pasan a los cuartos de visita conyugal y ahí lo dejan sin atenderlo. También abusan de los familiares ya que en la visita hay mucha prepotencia y agresiones, pues son insultados y no les permiten pasar la comida que llevan, si llevan dos kilos de pozol sólo dejan pasar un poquito y si llevan tortillas sólo dejan pasar 5 tortillas o 5 tostadas.

Pero los que tienen dinero si les dejan pasar toda la comida que quieren, llevan hasta tambos de comida, pero a los internos pobres no les dejan pasar su comida, en especial hay una marcada discriminación con la población indígena que en su mayoría son choles y Tzentales. Allá adentro, los que pagan tienen su tele, su radio, sus revistas y lo que ellos quieran, pero la gente pobre lo discriminan. La comida que dan en el Cereso es muy mala a veces les dan pollo en mal estado, y lo que mas les dan son fríjol y pasta.

Otras visitas no han querido seguir llegando al Cereso porque les han desnudado completamente y les han hecho hacer agachadillas, tratándolas de forma muy grosera y sin ningún respeto.

Las celadoras Martha Maria Flores, Ana Negron y el resto dan de perdida las cosas de los familiares que las dejan en la aduana, también los custodios Eduardo Arturo Herrera, Ezequiel Sánchez, Marcial Gregorio Landero, Enrique de quien se ignora sus apellidos por que ellos ocultan sus identidades, todos estos son los que hacen atropellos y abusos tanto a los internos como a los familiares. También el que ha cometido irregularidades es el comandante Francisco Lizcano Cruz que acosa a las visitas principalmente a las mujeres. El director Fernando Orantes Padilla nunca ha resuelve los problemas y protege a los guardias y celadoras, está manipulado por el comandante Francisco Lizcano Cruz, este custodio acosa y habla de forma grosera a las visitas.

Por todo esto los internos decidieron hacer su denuncia ante esta Junta de Buen Gobierno.

Pero el sábado 17 de noviembre de 2007 por la noche, 10 custodios armados con macanas y gases entraron a catear celda por celda buscando una denuncia que 84 internos habían firmado, para dar a conocer al pueblo nacional e internacional todas estas violaciones y exigir respeto. Dicha denuncia fue encontrada en la Celda Nivel 1 de nuestro compañero Gregorio Álvaro Cruz, ya que a él le habían solicitado la guarda. Le quitaron su libreta y su lápiz que le dio la maestra del Cereso.

Ahora lo están investigando bien quien fue el que hizo esa denuncia para trasladarlos a otro Cereso, pero a nuestro compañero Gregorio lo tienen amenazado de que lo van a trasladar porque él tenía la carta de denuncia. Ahora le prohibieron que la trabajadora social les compre hilos, chaquiras y cualquier otra cosa que necesitan para su trabajo o su uso personal, sólo pueden comprar de lo que venden en el penal. También catearon todo el nivel 2 y les quitaron sus agujas de madera para tejer hamacas, sus lapiceros y sus peines.

Por eso esta Junta de Buen Gobierno exige:

1. Respeto a los derechos humanos de los internos del Cereso No. 17 de Playas de Catazaja y el de las visitas familiares.
2. Destitución del director y todos los custodios y celadoras corruptos que laboran en el Cereso No. 17.
3. La liberación inmediata de nuestro compañero Gregorio Álvaro Cruz, por que es un preso político ya que su único delito es luchar por un pedazo de tierra para el sustento tanto de su familia como de los demás miembros de la comunidad “Choles de Tumbalá”.

Y solicitamos a todos ustedes hermanos y hermanas de La Otra y la Zezta Internacional realizar las acciones que crean conveniente para exigir la inmediata libertad de nuestro compañero Gregorio Álvaro Cruz, así como el respeto a los derechos humanos de todos los internos del Cereso.

ATENTAMENTE
MANDAR OBEDECIENDO
JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR
CARACOL V QUE HABLA PARA TODOS
ZONA NORTE

noviembre 27, 2007

Asalta la Opddic comunidad zapatista

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ejido Morelia, Chis., 26 de noviembre. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza dio hoy a conocer los graves hechos ocurridos en la comunidad zapatista Bolom Ajaw el pasado día 24. “A las 11 de la mañana, 80 personas pertenecientes a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) penetraron con lujo de violencia en el nuevo centro de población Bolom Ajaw, región La Montaña, del municipio autónomo en rebeldía Olga Isabel, portando armas de fuego, machetes y palos; 20 personas portaban pistolas calibre 22 y 38, seis más escopeta, y el resto palos y machetes.

“Llegaron en ese lugar encontrando a mujeres, niños, niñas y un compañero promotor de salud, Manuel Hernández. No había más compañeros porque habían salido a trabajar en sus parcelas.”

A Manuel Hernández, “a pesar de estar enfermo, lo golpearon brutalmente a patadas y con palos en todo el cuerpo, dejándolo inconsciente, y les dijeron que abandonen ese lugar inmediatamente con su grupo, porque si no van a morir todos. Una vez realizada esta vil brutalidad tan vergonzante abandonaron el lugar”.

Con estas palabras la JBG relata la agresión más reciente de “la organización paramilitar Opddic” contra ese poblado, próximo a las riberas de uno de los ríos más codiciados por la industria turística y sus intermediarios gubernamentales: el Agua Azul. La organización priísta lleva tiempo agrediendo, con abierto respaldo oficial, a los pobladores tzeltales de Bolom Ajaw.

Esa noche, a las 20 horas, en el ejido Agua Azul del municipio oficial Tumbalá, “el niño Miguel Pérez Álvaro, de ocho años de edad, hijo de un compañero base de apoyo zapatista, salió de su casa a traer su agua a la distancia de unos 40 metros, donde había buen reflejo de la luz. Fue sorprendido por cuatro personas de Opddic (son las mismas que andan agrediendo en Bolom Ajaw, de nombre Florentino Silvano Pérez, Alejandro Gómez Hernández, Marcos López Silvano y Miguel Hernández López) que agarraron el niño, le torcieron las muñecas de ambas manos y gritó fuertemente del dolor. Una vez gritando de dolor el niño lo abandonaron y salieron huyendo”.

Ante estos hechos, “de tan descarada injusticia y de más cabal impunidad por parte de quien se dice ser gobierno del estado de derecho”, la JBG del caracol Torbellino de nuestras palabras exige “la aplicación cabal de la justicia y castigo inmediato a las personas responsables: Jeremías López Hernández, Salomón Moreno Estrada, Adolfo Moreno Estrada, Alberto Urbina López, Jerónimo Urbina López, Florentino Silvano Pérez, Alejandro Gómez Hernández, Marcos López Silvano y Miguel Hernández López”.

Los mencionados, pobladores del ejido Agua Azul, de manera “cínica” han intentado, “no por primera vez, hostigar, violar y privar de la vida a nuestros compañeros”, añade la junta, “quienes no han hecho más que luchar y resistir, aún por éstos que, siendo indignos, son nuestros hermanos de raza y color”.

Asedio continuo
Apenas el pasado martes 20, los campesinos de Bolom Ajaw fueron amagados con machetes y disparos al aire en su campo de cultivo (como se informó aquí el día 23). Por lo menos desde septiembre la hostilidad de Opddic en la región contra la comunidad zapatista ha sido continua, pero a partir del día 13 de este mes se ha agravado. La JBG declara ahora:

“Por eso decimos al mal gobierno que ¡ya basta! de la impunidad a las violaciones de los derechos humanos y los derechos constitucionales. Basta de utilizar a nuestros hermanos indígenas y campesinos, que, bajo la miseria, sufren la injusticia y la paramilitarización (con la) que ustedes mismos, utilizando a ellos, masacran al pueblo pobre y trabajador”.

Los términos del presunto reclamo de Opddic no quedan claros. Por una parte invade las milpas zapatistas con la intención de apropiárselas, y por la otra sirve de punta de lanza a instancias federales como la Secretaría de Reforma Agraria, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y el Ejército, así como a las estatales Secretaría de Gobierno y Procuraduría General de Justicia, para expulsar a las familias de Bolom Ajaw asentadas en tierras recuperadas.

Llama la atención que Opddic opera cada día más como auténtico grupo paramilitar: en gran número, con armas y equipo de radiotelefonía portátil y lenguaje amenazante. “Si no salen de este lugar sus cuerpos van a ser despedazados y aventados en el río”, alardearon la semana pasada en otra incrusión a la comunidad zapatista.

PARA VER ESTA Y MÁS NOTICIAS SOBRE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS VISITA: http://www.jornada.unam.mx/2007/11/27/index.php?section=politica&article=013n1pol

REPORTAJE / A diez años de Acteal. PARTE V

La “estrategia” oficial que desembocó en desastre
Hermann Bellinghausen

El 30 de diciembre de 1997 se llevó a cabo el sepelio del bebé Pedro Arias Pérez, quien nació en Chimix y sólo tenía 27 días de haber nacido cuando sus padres se vieron obligados a desplazarse a Acteal, debido a las acciones de contrainsurgencia que desarrollaban en la zona grupos

En agosto de 1997, de manera inesperada, el Ejército federal hizo cambios significativos en los territorios indígenas de Chiapas. Pareció un retiro. Los medios informaron de una “reducción de tropas y desmantelamiento de campamentos en tres regiones”, y el relevo de “unos 5 mil militares de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano” (La Jornada, 18 de agosto)*. “Previo al tercer Informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo y en una acción sin precedente desde 1994, el Ejército destruye sus propios asentamientos y retira tropas de siete campamentos en los Altos, la zona norte y la selva”, prosigue la información. El gobierno federal abrió también los frentes económico y diplomático para divulgar que en Chiapas había paz, atención a los pueblos y respeto a los derechos humanos.

El presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, se mostró sorprendido y optimista: “¿Nos quiere decir el gobierno que quiere regresar a los diálogos de paz?” Antes de 24 horas, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, ofreció la respuesta al informar que el Ejército “puso en marcha un reajuste en su dispositivo militar, pero de ninguna manera significa el retiro de tropas” (19 de agosto).

En San Andrés, las posiciones en San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar, retiradas la víspera, sí “fueron removidas”, según el general, pues “salían sobrando”. Ello, no obstante que las dos primeras rodeaban Oventic y la tercera estaba cerca de Chenalhó, donde la violencia paramilitar y el problema de los desplazados se agudizaban.

Desde la séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, el general Castillo Fernández comandaba decenas de miles de soldados que ocupaban los Altos, la selva y la zona norte. Además, tenía bajo su mando 12 grupos de la Fuerza de Tarea Arcoris, creados a raíz del levantamiento zapatista, “un equipo único en todo el país” (11 de agosto). Como única era considerada la concentración de tropas en esa circunscripción.

Rechazo a la militarización
El 22 de agosto, el EZLN reitera que, “en demanda del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y en contra de la militarización de las zonas indígenas, marchará a la ciudad de México con mil 111 pueblos zapatistas”. El 23, en lo que parece un cambio de planes, el Ejército intenta restablecerse en San Cayetano, donde había destruido sus instalaciones. El 24 se suscita una confrontación entre indígenas sin armas y unos 250 soldados. “Centímetros dividen a los efectivos del Ejército –entre ellos tropas de elite transportadas en helicóptero– y los zapatistas desarmados, que repudiaban a gritos su presencia; los calificaban de ‘asesinos, defensores del mal gobierno’, tocaban sus armas y les palmeaban la quijada con una expresión retadora: ‘soldadito’” (25 de agosto).

“La tensión aumentó cuando arribaron cuatro helicópteros que transportaban fuerzas de elite con fusiles de asalto R-15”. Un tzotzil espetaba a un soldado “visiblemente nervioso”, con un “dispárame de una vez”. La protesta se extendió hasta las bases militares de Puerto Caté y San Andrés. El Ejército había decidido “recuperar las tres estratégicas posiciones contrainsurgentes –San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar–, que quemó y abandonó el pasado 12 de agosto”, añade la nota. Eventualmente, el Ejército se reinstaló allí, y sólo la base de Jolnachoj sería retirada tres años después.

El primero de septiembre de 1997, el presidente Zedillo rinde su tercer Informe, con una tumultuosa danza de cifras y cuentas alegres que no le dejan espacio para mencionar el conflicto de Chiapas. Su silencio fue considerado “preocupante” por el diputado perredista Gilberto López y Rivas (2 de septiembre). El dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “fue una omisión deliberada”, pues era un tema “obligado a tratar ante el Congreso de la Unión”. Hasta el Partido Verde Ecologista se extrañó: “es una gran omisión, que confirma el poco interés que tiene el Presidente en la solución del problema” (4 de septiembre).

El 9 de septiembre, delegados de los mil 111 pueblos zapatistas salen de San Cristóbal de las Casas rumbo a la ciudad de México, que estrena como jefe de Gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, triunfador en las elecciones de julio. La conflictividad de Chenalhó entra en un relativo impasse. En las comunidades dominadas por los paramilitares sube la presión contra zapatistas y simpatizantes, y hasta contra priístas que no aceptan agredirlos.

Al paso de la marcha por Oaxaca, el “compañero Isaac” lee un mensaje del EZLN: “Desde que está el Ejército dentro de nuestros pueblos estamos en la inseguridad, porque ellos entrenan y protegen guardias blancas que han sido causa de enfrentamientos y están dejando viudas, huérfanos, encarcelados y desaparecidos” (11 de septiembre).

Mientras los zapatistas prosiguen su marcha a la capital del país, se suceden declaraciones de la clase política. El dirigente del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, se declara “respetuoso del derecho de expresión pública” de los rebeldes, pero “no podemos darles la bienvenida mientras no dejen las armas y la clandestinidad” (12 de septiembre). El dirigente del blanquiazul rechazó “las autonomías indígenas superiores (sic) a los municipios y los estados”, y deploró la actuación del gobierno zedillista frente al conflicto de Chiapas. El incumplimiento de las “legítimas demandas de los pueblos indígenas” los ha mantenido “en el atraso, la marginación y la miseria”.

El día 13, la marcha zapatista llega al Zócalo capitalino y es recibida por una multitud entusiasta. El secretario de la Defensa Nacional “saluda” la marcha y el presidente Zedillo se pronuncia por el diálogo “y no la vía de las armas” (14 de septiembre).

PARA VER LA CONTINUACIÓN DE ESTE REPORTAJE VISITA: http://www.jornada.unam.mx/2007/11/09/index.php?section=politica&article=010r1pol

noviembre 26, 2007

REPORTAJE / A diez años de Acteal. PARTE IV

En 97, la contrainsurgencia abortó la paz en Chenalhó Hermann Bellinghausen

A mediados de junio de 1997 Chenalhó ya es un escenario de activa contrainsurgencia. La asignación de recursos oficiales, que fluyen en abundancia, está detonando conflictos comunitarios. Como en otras comunidades, en Saclum y Matzeclum se amenaza con expulsar a las familias de los dos municipios autónomos que abarcan Chenalhó: Polhó y Magdalenas La Paz.

En la cabecera de San Pedro Chenalhó, un priísta de nombre Mariano (pidió omitir su apellido), poblador de Saclum, declaró: “Nos dijeron que iban a repartir el dinero, con la condición de que lo solicitaran todos de la comunidad. Les dijimos que los zapatistas no iban a aceptar, y nos repitieron que ‘todos’. Entonces preguntamos que qué hacíamos si no aceptaban, y nos dijeron ‘pues córranlos, o los obligan’” (La Jornada, 14 de junio*).

“Tenemos diferencias, sí, pero llevamos tres años viviendo desde que comenzó el problema de los zapatistas y sólo ahora, con la obligación para un programa del gobierno, nos obligan a pelear”, agregaba el hombre de Saclum, comunidad ubicada al oeste del municipio, en el extremo opuesto de la zona donde finalmente “prendió” la paramilitarización y en cuyo corazón geográfico se encuentra Acteal. El edil Jacinto Arias Cruz había solicitado, en nombre de “todo el municipio”, la presencia de la policía. Mariano advirtió a La Jornada que al menos en Saclum no era así. “No queremos más problemas entre hermanos”.

Aquí no pasa nada

Ese día estuvo en Chenalhó el senador priísta Sami David en un acto proselitista (pues se avecinaban elecciones de diputados federales), en un ambiente de “aquí no pasa nada”. Poco antes, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, de gira por Chiapas, había asegurado que la inversión social no se orientaba a la contrainsurgencia. También visitó la entidad, por segunda vez en 15 días, el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre (13 y 14 de junio).

En ese momento ya se calculaba en mil 200 el número mínimo de desplazados zapatistas y simpatizantes (sólo de Yaxjemel y Yabteclum eran 534 y 527, respectivamente). En Polhó, el consejo autónomo recordaba que antes, en Chenalhó, cuando había conflictos, “en vez de encender el fuego” lo aplacaban negociando (16 de junio). Las cosas cambiaron desde un año atrás, cuando renunció el alcalde oficial Manuel Arias Pérez y lo sustituyó su secretario Jacinto Arias Cruz. Ahora, éste “es el que desbarata, insiste en que haya enfrentamiento”.

La caída del edil electo se debió al primer crimen contra zapatistas, cuando la noche del 19 al 20 de agosto de 1996 una turba de priístas ebrios “capturó” a seis jóvenes zapatistas en una posada de la cabecera municipal, los linchó y arrojó sus cuerpos en la sima de Chixiltón. Hubo tres detenidos por los asesinatos, que salieron libres tiempo después. También por entonces renunció, “por motivos personales”, el secretario estatal de Atención a los Pueblos Indios, el conocido escritor pedrano Jacinto Arias Pérez (homónimo del nuevo alcalde priísta y primo del anterior). Estaba inconforme con lo que pasaba y prefirió hacer mutis (Suplemento Masiosare, 28 de diciembre). Algo estaba pasando en San Pedro Chenalhó. El grupo oficialista dominante era desplazado por gente nueva, más agresiva y desarraigada (como documentarían más adelante Andrés Aubry y Angélica Inda en La Jornada).

En Yabteclum se saqueaban las casas de los desplazados zapatistas. El consejo de Polhó refirió el caso de Felipe Gómez Gómez, priísta, quien en vez de participar en un ataque contra simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “se quedó dormido” en su casa. “Les dio coraje a los del PRI que no obedeciera. Lo fueron allanar la casa del muchacho y lo llevaron preso a Chenalhó. Y (eso que) es uno de ellos” (17 de junio). Las explicaciones oficiales del conflicto por “fundamentalismo religioso” disfrazaban la realidad; se trataba de un nuevo fundamentalismo ejercido con el presupuesto.

Presiones contra Las Abejas
En tanto, Las Abejas denunciaron que los priístas los “presionaban” para votar por el partido oficial. En diversas reuniones pretendían obligarlos “a sacar sus credenciales” y volver al PRI. Yabteclum, el “pueblo viejo” del municipio, punto de encuentro entre autónomos y priístas, fue devorado por la marea contrainsurgente tras ser expulsado medio millar de zapatistas (18 de junio).

La militarización crecía en Ocosingo y Altamirano, con la llegada de 3 mil soldados más (19 de junio) y la “guerra” del grupo paramilitar Paz y Justicia escalaba nuevamente en Tila y Sabanilla; en Emiliano Zapata y Shushupá, entre los días 22 y 24 fueron asesinados ocho simpatizantes zapatistas, y heridos muchos más, luego de que Juan López Jiménez, dirigente de Paz y Justicia, fue asesinado en Pasijá el día 15 (24, 26 y 27 de junio). Los simpatizantes del EZLN se encontraban sitiados por Paz y Justicia en 14 comunidades de Tila y Sabanilla y era inminente una nueva oleada de desplazados.

El día 26 el gobierno oficial de Chenalhó detuvo en Yabteclum a los simpatizantes zapatistas Fidencio Ruiz y Ernesto Gómez, responsabilizándolos de la desaparición de Manuel Takiumut, un mes atrás. La aprehensión fue mientras se efectuaba allí mismo una reunión más de acercamiento entre autónomos y priístas. “Estaban a punto de llegar a un acuerdo para que más de mil desplazados pudieran retornar” cuando se dio la captura (27 de junio) y se interrumpió el diálogo. Una vez más.

PARA VER LA CONTINUACIÓN DE ESTE REPORTAJE VISITA: http://www.jornada.unam.mx/2007/11/08/index.php?section=politica&article=010r1pol

Llaman a jornada contra la impunidad de culpables de la matanza en Acteal
Elio Henríquez (Corresponsal)

Acteal, Chis., 22 de noviembre. La verdad sobre la matanza de 45 indígenas perpetrada aquí el 22 de diciembre de 1997 “pronto saldrá a la luz” y “nadie podrá evitarlo”, advirtió la organización Las Abejas, la cual convocó a un encuentro nacional contra la impunidad, a realizarse los días 20 y 21 de diciembre en esta comunidad.

La agrupación, a la que pertenecían las víctimas, calificó de “cínico” al ex presidente Ernesto Zedillo, quien recientemente declaró que le entristeció la matanza y que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo una investigación “a fondo” del crimen múltiple.

Aseguró que el ex mandatario es el “autor intelectual” de la matanza y demandó al Estado mexicano que “reconozca los hechos y pida perdón a las víctimas y a la sociedad mexicana.

“No sabemos cómo se dice en español a las personas que hablan como Zedillo; bueno, en la cultura occidental dicen ‘hipócrita’, pero en tzotzil es diferente, se dice ‘no tiene dignidad’”, señaló la agrupación en un comunicado leído esta mañana al inicio de la misa mensual con la que desde hace casi 10 años son recordados las 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres masacrados.

Reiteró que “no se podrá mantener tanto tiempo la visión que presenta sólo un árbol; pronto se tendrá que conocer el bosque completo, así como el sol no se puede tapar con un dedo”.

Como cada mes desde enero de 1998, cientos de indígenas de la región y visitantes de México y del mundo recordaron hoy a las víctimas. La ceremonia fue presidida por el sacerdote jesuita Pedro Arriaga, quien después de 10 años de párroco de Chenalhó se despidió, pues recientemente fue designado con ese mismo cargo en San Juan Chamula. “Es mi última eucaristía aquí, es mi despedida”, afirmó.

“Vergonzosa impunidad”
Al inicio de la misa, la indígena Rosa Gómez dio lectura al comunicado, en el cual Las Abejas aseveran: “a pesar de que se sigue negando la responsabilidad de los ex gobernantes de Chiapas y de México, mucha gente del país y de otras partes del mundo sabe que lo que pasó fue la estrategia de un conflicto político, y no un conflicto intercomunitario ni religioso.

“Sólo los que aman la violación de los derechos humanos, la discriminación, la exclusión de los pueblos originarios y la impunidad apoyan a los autores intelectuales de la masacre para que tarde o temprano planeen otros crímenes de lesa humanidad, y entonces estas personas tratan de decir que lo que pasó en Acteal fue una batalla o un enfrentamiento para justificar sus acciones.”

Esto “pasa con los artículos de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos. En estos artículos hay muchas cosas que hacen ver que su objetivo es estar al servicio de los autores intelectuales de la masacre de Acteal, pero las cosas le están saliendo al revés, debido a que sus palabras no tienen sustento en la realidad; sólo escribe lo que le dicen sin haber estado en el lugar de los hechos; no tiene argumentos oculares ni presenciales”.

Manifestó que en su segundo artículo en Nexos, el escritor “termina diciendo” que lo que pasó el 22 de diciembre de 1997 en Acteal “fue producto de una batalla, y no lo reconoce como una masacre, pero en el preámbulo le pone que en el campamento de Los Naranjos, mejor conocido como Acteal, sucedió una masacre, y entonces Aguilar Camín trata de convencer y confundir a la sociedad.

“Pero como nosotros decimos, y como dicen nuestros ancianos y ancianas tzotziles, el que oculta la verdad y echa mentiras, por sus propias palabras se condena y se caerá a la vergüenza.” La verdad, insistió, “pronto se sacará a la luz con el esfuerzo de todos y todas; nadie puede evitarlo”.

Subrayó: “Es vergonzoso que no se haya hecho justicia y los autores intelectuales de la masacre gocen de total impunidad, algunos en el poder, unos más en otros países mostrándose decentes y honestos”, como Zedillo.

Por ello llamó a las comunidades y pueblos en lucha y resistencia a “buscar juntos una estrategia de lucha contra la impunidad, a articularnos, compartir nuestra experiencia desde abajo que en nuestros corazones y mentes han salido”.

Los días 20 y 21 del próximo mes “hay que hablar todos contra la impunidad; de las injusticias, las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, como en Oaxaca, Pasta de Conchos y San Salvador Atenco”, entre otros.

noviembre 25, 2007

REPORTAJE /A diez años de Acteal. Parte III

En dos años se dispuso en zona chol una “guerra” dentro de la guerra
Hermann Bellinghausen

Para la relación de los hechos que sacudieron a Chenalhó la segunda mitad de 1997 es necesario recordar su contexto. Chenalhó se había convertido en un laboratorio más de una estrategia amplia de contrainsurgencia, en un territorio en guerra que abarca la tercera parte de Chiapas e involucra a casi todos los indígenas de la entidad. La militarización era (y sigue siendo) abrumadora.

Iniciada en 1995, durante los dos años siguientes se organizó y activó en la zona chol de Chiapas una “guerra” dentro de la guerra, con la expansión paramilitar de la organización priísta Paz y Justicia. En 1997, mientras Chenalhó entraba en su propia espiral contrainsurgente, los asesinatos, desplazamientos y despojos proseguían en la zona norte. Ambos casos, en territorios cercados por el Ejército Mexicano y un importante despliegue policiaco.

Éxodo y saqueos
El 14 de marzo de 1997, la comunidad San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, colindante con Chenalhó, fue atacada por la policía y el Ejército, quienes mataron a cuatro indígenas zapatistas y causaron el éxodo de más de 80 familias. La policía había disparado en El Vergel, por tierra y desde un helicóptero (matrícula XC-BGC), sobre la población civil. Después saquearon Nixtalucum. Durante dos meses, los tzotziles zapatistas permanecieron desplazados, mientras las policías federal y estatal y el Ejército, posicionados dentro y en torno a esa comunidad, “convivían” con los priístas del lugar, quienes dejaron de trabajar el campo, se adueñaron del poblado, sembraron mariguana (según se comprobó después) y recibieron adoctrinamiento y adiestramiento militar.

Igual sucedía en Sabanilla y Tila, y sucedería pronto, de manera brutal, en Chenalhó. Algún día habrá que explicar por qué en unas partes funcionó la formación de grupos paramilitares y en otros, como El Bosque, no. Por ello, cuando el gobierno decidió atacar el municipio autónomo San Juan de la Libertad en 1998, serían directamente tropas federales y policías.

El 17 de mayo de 1997, una marcha de 4 mil civiles zapatistas acompañó el retorno de los desplazados a Nixtalucum, y pareció cerrarse ese capítulo (La Jornada, 18 de mayo). Al otro día arrancó la agresión contra zapatistas en Yaxjemel. En las semanas siguientes se revelará otro grupo paramilitar en Ocosingo y Oxchuc, el Movimiento Revolucionario Indígena Antizapatista (MIRA), cuya existencia jamás fue admitida por las autoridades y en buena medida fue un fracaso.

En algún momento imposible de fechar, durante la primavera de 1997, las comunidades identificadas como “priístas” o “cardenistas” (en referencia al Partido del Frente Cardenista que por entonces existía, sin relación con el cardenismo histórico y menos aún con el de Cuahutémoc Cárdenas, quien ese mismo año ganaría las elecciones para gobernar la capital del país), comenzaron a llamar “el contrario” y “los contrarios” a las familias y comunidades que se habían unido al municipio autónomo de Polhó, como bases de apoyo del EZLN o miembros de organizaciones civiles más o menos perredistas, cuando su partido era de oposición en un estado controlado hasta 1994 por numerosos cacicazgos, indígenas o mestizos según la región, pero siempre priístas.

El “contrario” en muchos pueblos del país es el “demonio”. El giro idiomático, inusual en Chenalhó, al parecer fue inducido por quienes aplicaron la estrategia contrainsurgente, y representa una de las primeras adaptaciones locales de los preceptos de la guerra de baja intensidad: ahondar las diferencias, demonizar al otro, deshumanizarlo. Así es más fácil dañarlo.

Las informaciones de la época, incluso en los medios oficialistas, nunca fundamentaron convincentemente que los conflictos en Chenalhó, que se fueron sumando y complicando, se originaban en agresiones de “los contrarios” (zapatistas) contra los oficialistas. Las “emboscadas” de los primeros apenas se pudieron probar; los verdaderos enfrentamientos, que no fueron la regla, se debieron a ataques de paramilitares y respuesta defensiva de los zapatistas; los desplazamientos de familias del PRI y cardenistas obedecían al temor a ser agredidos, mientras los zapatistas, perredistas y Abejas eran perseguidos y tiroteados, sus casas quemadas y sus propiedades robadas o destruidas.

El argumento de que los zapatistas “despojaban” a los oficialistas de sus tierras no se sostiene ante la evidencia, entonces y hasta la fecha, de que ellos fueron los verdaderos despojados en las comunidades de donde salieron. Los desplazados priístas y cardenistas retornarían en poco tiempo, escoltados y protegidos por la policía, y ya no debieron desplazarse. La versión de que éstos se organizaron para “autodefenderse”, propalada entre otros por la Procuraduría General de la República (PGR) en su libro blanco (1998), fue una construcción posterior, que buscaba “explicar” la matanza de Acteal y los múltiples episodios previos, aportando versiones que durante 1997 nadie se molestó en demostrar. La táctica de los grupos armados, y de los gobiernos municipal, estatal y federal, había sido “negar todo”, sin insistir en demostrar las versiones de su lado. Les bastaba con desdeñar, acusar y difamar a “los contrarios”, a los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes. Su “verdad” comenzó a preocuparles después del terrible desenlace, que los confrontó con la responsabilidad penal.

PARA VER LA CONTINUACIÓN DE ESTE REPORTAJE VISITA: http://www.jornada.unam.mx/2007/11/07/index.php?section=politica&article=005r1pol


noviembre 23, 2007

Arrecia embestida de la Opddic contra zapatistas

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 22 de noviembre. En días recientes, hombres armados, miembros de la priísta Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos (Opddic), han agredido a las bases de apoyo zapatistas de la comunidad Bolom Ajaw, además de proferir amenazas de muerte contra los autónomos. Al menos en una ocasión, los priístas han disparado al aire y han amagado con palos y machetes. El ataque más reciente ocurrió el pasado lunes.

La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza, en el caracol de Morelia, denunció que ese día unos 19 miembros de Opddic, ocho con armas de fuego y el resto con machetes y palos, confrontaron a una treintena de campesinos zapatistas en el trabajadero de su comunidad, Bolom Ajaw, en la región Montaña del municipio autónomo Olga Isabel (en los linderos del municipio oficial de Tumbalá). Según la junta, los de Opdicc operan con radiotransmisores portátiles y cámaras fotográficas.

Si bien son constantes las agresiones contra los zapatistas por integrantes de Opddic, la mayoría pobladores de la comunidad Agua Azul (junto al balneario del mismo nombre), las cosas se agravaron el pasado día 13, cuando los de Opddic invadieron el trabajadero de Bolom Ajaw, pretendiendo cultivarlo ellos. Con armas calibres .38 y .22 dispararon al aire, amenazaron con que “tenían buenas armas” y advirtieron a las bases de apoyo zapatistas que “si no salen de ese lugar sus cuerpos van a ser despedazados y aventados en el río”. Los zapatistas siguieron laborando la siembra de maíz, pero fueron amagados con machetes, y “se dispersaron para no caer en la provocación”. En el camino de regreso muchos fueron interceptados por más miembros de Opddic “en estado de ebriedad”.

El día 16 la tienda autónoma de San José, no lejos, sobre la carretera Ocosingo-Palenque, recibió un mensaje: “Les avisamos a los del EZLN de Bolom Ajaw que salgan lo más pronto, porque va a entrar el Ejército para mañana, o por la noche de hoy”. De una camioneta Urvan de la sociedad Las Brisas, unas personas entregaron a Juan García López, de Opddic, este papel, y él lo llevó a la tienda.

El día 17 se presentó en Bolom Ajaw un grupo de la Opddic, compuesto por Salomón Moreno Estrada, Jerónimo Urbina López, Manuel Hernández López y José Alberto Gabina López, junto con Juan Hernández Nava, quien dijo ser de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Presuntamente “investigaban” el “rumor” de que Bolom Ajaw “había sido abandonada por sus pobladores”. Insistió en interrogar a los zapatistas al respecto, sin decir de dónde sacó esa versión falsa. Los zapatistas se fueron juntando y la “comitiva” se retiró.

Entonces vino la agresión del lunes 19. La JBG “rechaza estas acciones del paramilitar brazo derecho del mal gobierno federal y estatal” y responsabiliza al gobierno “de lo que pueda pasar en Bolom Ajaw, a orillas del río Agua Azul”.

PARA VER LA DENUNCIA VISITA: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/838/

Hostigamiento a colaborador de Indymedia sureste, Tabasco 21 de noviembre.

Al pueblo de México
A la Otra Campaña
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Libres

Yo participo en el colectivo de comunicación Indymedia Sureste Mx http://imc-yucatan.espora.org, colaboro realizando notas informativas y en el trabajo técnico-administrativo y educativo del sitio, por esta razón me desplazo eventualmente a comunidades para cumplir con la labor del colectivo, este domingo pasado estuve en la población de Oxolotan en Tacotalpa, recabando testimonios de una comunidad desplazada y que se encuentra albergada en dicho lugar. La información se publicó inmediatamente en el sitio Indymedia.

El motivo de este escrito es hacer denuncia pública de lo que ahora le sucede a quien colabora, de manera sencilla sí, pero de corazón, en la construcción de un nuevo mundo a través de ejercer el derecho inalienable de la comunicación y la información.

ANTECEDENTES
En enero del año 2006 inmediatamente después de la visita del Delegado Zero del EZLN a Tabasco fui perseguido en esta pequeña ciudad de Cárdenas en la cual resido. La denuncia pública se realizó y no pasó a mayores.

En Octubre 12 de este año persiguen en la ciudad de Villahermosa a compañeros que cubrían una manifestación en apoyo a las comunidades Zapatistas.

El 13 de noviembre obliga un militar a un compañero a borrar fotos que realizó a un camión del ejército repartiendo despensas en el municipio de Tacotalpa.

HECHOS
El día 20 de noviembre a las 5:00 p.m. al llegar a mi domicilio me percato de la presencia de un automóvil rojo sin placas totalmente ajeno a la zona donde vivo. Por la noche por necesidad de trabajo a las 9:00 p.m. llego a mi centro de trabajo, el cual está en un pequeño callejón, en la esquina de este se encuentra una persona de tipo militar que al entrar yo al callejón el también lo hace, fingiendo embriaguez y que al verse sorprendido hace como que platica con alguien a través de una barda de una casa donde sé que no hay nadie.

El día de hoy 21, igualmente al llegar a mi domicilio el mismo auto rojo sin placas estaba aún más cerca de mi casa. Al salir de nuevo ya por la noche me encuentro ahora con una camioneta tipo voyaguer gris destartalada y sin placas con dos personas de tipo militar en su interior y con el motor encendido, al pasarlos dan vuelta en U y me persiguen, maniobro y doy vuelta en U y los encuentro de frente, hacen como que avanzan y los dejo, entonces de nuevo doy vuelta en U y los encuentro estacionados en un deposito de cervezas cercano. Avanzo y al llegar a la zona urbana –vivo en una zona rural- veo que sigue detrás la voyaguer pero logro despistarlos.

Ya con la sospecha confirmada decido utilizar la ruta de siempre hacia mi trabajo, encontrándome de frente ahora con una pick up gris sin placas, que al pasar yo, toma al parecer un celular y arranca. No me sigue.

Pero al llegar a la esquina del callejón donde esta mi centro de trabajo, hay ahora dos vehículos más, una pick up roja y una tipo Van blanca ambas sin placas, los tripulantes de la pick up fingen estar reparando el vehiculo pues se encuentra con el cofre levantado y la Van finge auxiliarles. No sé si me ubicaron estos últimos pero pienso que no, pues aquí donde redacto esto todo se ve tranquilo.

Todo esto, al menos 5 vehículos sin placas circulando en una ciudad pequeña, con un servicio de policía vial “muy alerta”, en el transcurso de no más de media hora.

CONTEXTO
En Tabasco al día de hoy se vive mucha tensión, militares por todos lados mayormente en los grandes comercios, en Walt Mart por ejemplo en el interior hay militares vestidos de civil, los medios locales intentando ocultar información y suavizar los brotes de inconformidad en los albergues, es prácticamente imposible fotografiar estos hechos pues inmediatamente se pide sean borradas las imágenes, a reserva de ser decomisado el equipo. Rumores generalizados de acarreos masivos de cuerpos, uno de los más alarmantes es la cremación masiva sin registro en las instalaciones del ISSET.

Acá la certeza cotidiana de la gente es que los culpables de esta inundación artificial no saben como van a pagar el crimen de lesa humanidad cometido contra el pueblo de Tabasco todo, y claro, intentan acallarlo.

ES ENTONCES QUE
Hago responsables de mi integridad fìsica y psicológica, de la de mi familia, de la de mis compañeros y mis compañeras, que colaboran en el esfuerzo de construir una nueva manera de informar libre y sin mando; a todo el Estado Mexicano, y a los mandos medios y superiores de su aparato represivo.

noviembre 22, 2007

Denuncian nueva embestida contra bases del EZLN
Elio Henríquez (Corresponsal)
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 20 de noviembre. Instituciones de los gobiernos federal y estatal, “en articulación” con el Ejército y la policía local, “operan una estrategia de contrainsurgencia contra las bases de apoyo zapatistas y sus autoridades autónomas, al otorgar títulos agrarios a diversas organizaciones indígenas”, afirmaron integrantes de la caravana de observación de la otra campaña.

Después de un recorrido de tres días por varias comunidades, aseguraron que los municipios autónomos zapatistas enfrentan una “estrategia coordinada de despojo de tierras y hostigamiento, en la que participan organizaciones políticas a veces vinculadas con paramilitares”.

Sostuvieron que el “despojo ‘legal’ de tierras y los nuevos decretos expropiatorios develan una flagrante y sistemática estrategia de contrainsurgencia dirigida contra los pueblos zapatistas”, y como consecuencia la situación que viven éstos “se agrava alarmantemente”.

En el segundo foro efectuado en Jojutla, Morelos, organizaciones adherentes a la otra campaña y a la Sexta declaración de la selva Lacandona acordaron hacer un recorrido por comunidades autónomas de Chiapas, con el fin de verificar las denuncias sobre la nueva “embestida”.

Dividida en cuatro brigadas, la caravana –de más de 40 personas del Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán y Chiapas, entre otros– recorrió localidades de cuatro caracoles zapatistas del 17 al 20 de noviembre.

El resultado de las visitas fue dado a conocer hoy en un documento que leyó Eugenia Gutiérrez, del sector mujeres de la otra campaña, en compañía de representantes de otras agrupaciones. En él se afirma que en todos los casos que lograron documentar, se detectó que “la estrategia gubernamental sigue un patrón que combina, entre otras cosas, invasión de tierras, amenazas de muerte y hostigamiento”.

REPORTAJE /A diez años de acteal, parte

La negativa al diálogo garantizó la vía paramilitar
Hermann Bellinghausen /II

En mayo de 1997 emergen en Chenalhó los primeros acontecimientos, larvados desde meses atrás, que concluirían siete meses después en la hondonada de Acteal con la ejecución de 45 personas pacíficas e inermes, mujeres y niños la mayoría.

El hecho más grave ese mes fue el asesinato de Cristóbal Pérez Medio, el día 24 en Unión Yaxjemel, cuando un grupo de priístas emboscó a una comisión del municipio autónomo de Polhó que se dirigía a negociar la liberación de tres campesinos zapatistas capturados y encarcelados en Yaxjemel. Mientras los responsables de la balacera minimizaron los hechos e insistieron débilmente en que los zapatistas pretendieron agredirlos, el concejo autónomo manifestó que el día 18 fueron “detenidos” tres bases zapatistas por negarse a “pagar” 75 pesos para una presunta brecha que ellos no aprobaban: “Los amenazaron que si no cooperaban los iban a ‘despachar’, y ellos dijeron que no, aunque los mataran no iban a cooperar porque la brecha sólo beneficiaba a los transportistas” (La Jornada, 25 de mayo).

Liberados y vueltos a apresar

Los tres indígenas pasaron dos días presos, fueron liberados por gestión del concejo de Polhó, y 48 horas después, tras reunirse priístas de siete comunidades en Yaxjemel, donde eran minoría, los volvieron a aprehender. “A dos los metieron en un horno y otro estaba amarrado a un poste”. Los autónomos demandaron su liberación al presidente municipal oficial sustituto de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, del PRI.

El 24 salió de la cabecera municipal autónoma una comisión de 16 personas para tal encuentro; la encabezaba el profesor Pérez Medio. Cuando llegaron a Yaxjemel, “la comunidad estaba rodeada por unos 500 del PRI y los recibieron a balazos”. Pérez Medio fue capturado al momento y ejecutado allí mismo, pero su cuerpo desapareció y a partir de entonces los priístas negarían sistemáticamente el hecho. Dos autónomos más resultaron heridos, Fidencio Guzmán Arias y José Pérez Arias.

Ocupada la comunidad por los priístas armados, unas 350 personas tuvieron que abandonar sus viviendas. El concejo de Polhó declaró al día siguiente: “La persecución se ha extendido, también compañeros de Yabteclum, Puebla y Naranjatic Alto salieron de sus parajes porque no quieren enfrentarse entre hermanos”. Desde entonces arreciaría el fenómeno de los desplazados en Chenalhó. Al principio fueron de todos los grupos involucrados, pronto serían sólo zapatistas y miembros de Las Abejas. Llegarían a ser más de 10 mil; miles siguen fuera de sus poblados 10 años después.

La autoridad municipal autónoma acusó al edil Arias Cruz de “provocar a los zapatistas porque dice que los va a acabar. Él fue quien les dio las armas a los del PRI, e incluso los compañeros dicen que los que los emboscaron eran policías de Seguridad Pública (SP) vestidos de civil”.

Dos días después, el corresponsal de La Jornada fue a Yaxjemel y encontró “una comunidad fantasma” en manos de la minoría priísta, cuyos miembros aseguraron ser ellos los agredidos (La Jornada, 28 de mayo), lo que nunca se pudo demostrar. Un simpatizante del gobierno en la vecina comunidad de Yibeljoj mencionó: “Mis compañeros del PRI me dijeron que hay tres o cuatro muertos de los ‘contrarios’ (zapatistas), tirados allí en el monte, pero nadie los ha visto. Mis compañeros vieron que los ‘contrarios’ iban por la montaña el sábado al mediodía, y como al acercarse tuvieron miedo que los atacaran, pues les dispararon y allí se armó la balacera” (que vino de un solo lado: nunca se probó lo contrario).

Dos kilómetros más adelante, en la colonia Puebla, los reporteros encontraron unos 2 mil priístas de Yaxjemel y Poconichim, refugiados “en espera de que el gobierno estatal envíe a la SP para que los defienda”. La noche del 26 la SP había entrado a Puebla y rescatado al zapatista Antonio Pérez Pérez, detenido por negarse a cooperar con los priístas para el mismo camino que atizó el problema de Yaxjemel (proyecto personal del alcalde priísta, originario de Puebla y cacique del transporte). Los refugiados priístas negaron haber visto “contrarios” muertos, mientras ellos no tuvieron ni siquiera heridos. El gobierno del estado negó los hechos.

El consejo autónomo sostuvo que el ataque había sido ocasionado por los priístas para justificar la entrada de la policía y el Ejército Mexicano, “con el fin de ir ganando terreno y cercar más a los zapatistas para que se rindan”. Ya se habían producido agresiones contra rebeldes y simpatizantes en Yabteclum, Puebla, Chimix y especialmente en Las Limas Chitamucum, en el vecino municipio de Pantelhó, pero por los mismos grupos del PRI y el llamado Partido del Frente Cardenista; éstos, después de repetidas amenazas, el 22 de mayo dispararon contra la población, quemaron nueve casas, expulsaron a 85 personas y capturaron a Alberto Gutiérrez Núñez y Mateo Hernández Sánchez, quienes participaban en el municipio autónomo (La Jornada, 23 de mayo).

El concejo autónomo de Polhó denunció el día 27 que los priístas de Yaxjemel amenazaban a los 534 zapatistas desplazados “con no dejarlos regresar” al poblado. El día 28 el concejo expresó su disposición a negociar con los priístas, pero también exigió “que apararezca Cristóbal Pérez Medio”. Ese día estaba anunciada una visita del agente del Ministerio Público (MP) a Yaxjemel “para verificar si realmente hubo un muerto” (La Jornada, 29 de mayo), pero no llegó. En cambio, 70 policías se apostaron en Puebla para “proteger a los refugiados priístas” que los habían mandado llamar.

Esto aumentó los temores de los autónomos, quienes previeron nuevos ataques “ahora que la policía ya los está protegiendo” (a los priístas), mientras éstos señalaban: “La situación está más tranquila porque nos sentimos más seguros”. Por entonces arreció la persecución contra zapatistas en Yabteclum, Chimix, Poconichim, Naranjatic Alto. Desde la colonia Los Chorros (bastión oficialista, cardenista y priísta) y el ejido Puebla comenzaron a difundirse las amenazas contra los autónomos.

PARA VER LA CONTINUACIÓN DE ESTE REPORTAJE VISITA: http://www.jornada.unam.mx/2007/11/06/index.php?section=politica&article=012r1pol

noviembre 21, 2007

REPORTAJE /A diez años de acteal

El origen: múltiples episodios de un plan contrainsurgente
Hermann Bellinghausen /I

Acteal marcó la historia y la imagen de México ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y después de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas indígena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, así como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.

Como hizo desde el 1º de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubrió puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. Corresponsales, enviados, fotógrafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.

Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro político. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia católica. Y también la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo demás, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.

Alzamiento indígena

En las páginas de este diario se fue registrando un proceso social, político y cultural que con la masacre de Acteal enfrentaría un terrible baño de sangre. Y por donde más dolía: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 había sido una declaración de guerra y un alzamiento indígena contra el gobierno del país se fue convirtiendo en una “guerra civil” permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas convivían en paz. La rebelión de unos no era contra los otros.

Hubo lugares donde la confrontación inducida “prendió”. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la “población leal” al gobierno y al Ejército Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organización priísta Paz y Justicia intensificó desde 1995 una ofensiva contra la población zapatista y la “sociedad civil” de variable filiación perredista. Costaría decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbalá. Luego Chilón. A partir de 1997 se expandió a Chenalhó.

Aún duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las señales eran abundantes y se hicieron públicas de múltiples maneras. Como escribió aquí Fernando Benítez el 27 de diciembre de 1997: “¿Qué más decir, si han sido inútiles los numerosos artículos que he escrito en defensa de los indios, así como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros periódicos? Parecen inútiles las palabras”.

Hay que recordar que en los días posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en más de 100 países, la mayor manifestación global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no existía. De hecho, nunca ha “existido”. Como jamás existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la cárcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el “grupo de autodefensa” de Chenalhó, y más recientemente la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

Todos tienen en común ser priístas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ejército, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. Sólo los procesados por los hechos de Acteal pagan cárcel por participar en acciones armadas contra otros indígenas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El escándalo mundial fue inmenso, alguien tenía que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien serviría de fusible. Acteal “costó” mucho: un secretario de Gobernación, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la policía auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública del estado), algunos mandos policiacos y decenas de indígenas “autoarmados”. Allí se cortaba la correa de transmisión. Antes de irse, el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, alcanzó a remachar: “No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión”. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron enérgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.

Vayamos un poco más atrás. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada “zona de conflicto” el fenómeno de la paramilitarización de comunidades, simétrica a la masiva ocupación militar decretada el 8 de febrero de ese año, cuando el gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista, lanzó una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y prácticamente ocupó las comunidades.

Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de diálogo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello “la traición de Zedillo”. No sería la única. Otra más cancelaría las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma había dejado el cargo un año atrás, a raíz de su “negociación” desfondada por el propio presidente.

Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores priístas de Chiapas caían uno tras otro, antes y después de las elecciones de 1995, oficialmente “ganadas” por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón, en un ambiente de fraude e imposición. El presunto perdedor, Amado Avendaño, tras sobrevivir a un atentado que lo dejó en silla de ruedas varios meses, se convirtió en “gobernador en rebeldía” con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejaría el cargo en pocas semanas, y lo sustituyó Julio César Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconocía por completo la entidad. Su mandato, que culminó abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una política trazada desde arriba.

El verdadero “gobierno” de Chiapas lo ejercía el Ejército; la administración ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fungía desde 1995 el general Mario Renán Castillo Fernández, quien así llegó a ser un “jefe de ejércitos”, algo que hasta entonces sólo podía ser el secretario de Defensa Nacional, a la sazón el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general José Gómez Salazar, Renán Castillo dejaría el cargo el 16 de noviembre de 1997, a sólo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larvó y auspició una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono y el propio Ejército, para “quitar el agua” al “pez revolucionario”, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.

Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda recapitulaban: “La colaboración de los políticos con la ‘guerra irregular’, mexicanización semántica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar”.

Aubry e Inda señalaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): “A partir de 1995 se probó en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensayó con la desorganizada organización campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendió a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurrió después a la zona tzotzil, Chenalhó y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (¿o revelado?) su nombre”. No tendría tiempo de revelarlo...

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Informe de la Caravana de la Otra Campaña por la defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas Zapatistas.

CARAVANA DE LA OTRA CAMPAÑA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ZAPATISTAS

BOLETÍN DE PRENSA

Debido a la fuerte embestida que encabezan los gobiernos federal y estatal en contra de las comunidades zapatistas, distintas organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona hemos realizado dos Foros Nacionales de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas. Uno de los acuerdos del Segundo Foro, realizado en Jojutla, Morelos el pasado 27 de octubre, fue organizar una Caravana de Observación y en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas del 17 al 20 de noviembre. Esta Caravana se dividió en cuatro brigadas de trabajo en las zonas Altos, Norte y Selva.

Como resultado de esta investigación y documentación, los miembros de esta caravana identificamos:

1. En distintos municipios autónomos del territorio indígena de Chiapas, comunidades Bases de Apoyo Zapatistas se enfrentan a una estrategia coordinada de despojo de tierras y hostigamiento donde participan diversas organizaciones políticas en los tres niveles de gobierno y, en ocasiones, vinculadas con grupos paramilitares. En todos los casos documentados la estrategia sigue un patrón que combina invasión de tierras, amenazas de muerte, hostigamientos y agresiones físicas, sicológicas, así como destrucción de propiedad y recursos naturales, además del despojo jurídico de tierras donde las organizaciones invasoras actúan conjuntamente con instituciones judiciales y agrarias locales y federales.

2. Los gobiernos federal y estatal, a través de las instituciones agrarias y en articulación con el Ejército Federal mexicano y la seguridad pública en sus tres niveles de gobierno, operan una estrategia de contrainsurgencia dirigida a las Bases de Apoyo Zapatistas y sus autoridades autónomas, otorgando títulos agrarios a diversas organizaciones indígenas, particularmente organizaciones adversas a los zapatistas y en diversos casos organizaciones armadas, entre las que se encuentran la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) o la Unión Regional Campesino Indígena (URCI), o bien, involucrando a organizaciones que tienen frágiles relaciones con los pueblos autónomos zapatistas como lo son la Asociación ARIC Unión de Uniones (Histórica), la ORCAO, la Unión de Ejidos de la Selva y la OPAZ. Estas organizaciones ocupan tierras recuperadas por el EZLN en 1994 y, a través de las instancias agrarias, concretizan el despojo jurídico de tierras constituyendo nuevos ejidos.

3. Debido a la constante presión de unidades castrenses, policías estatales e integrantes de grupos paramilitares, la situación que viven los pueblos zapatistas se agrava alarmantemente. Los proyectos autónomos en el marco de la libre determinación de los pueblos indígenas no pueden desarrollarse a plenitud debido a las constantes agresiones y amenazas contra la integridad de los mismos. Los más afectados son los niños y las niñas, así como las mujeres y los ancianos, pues viven agresiones constantes en su integridad física, en sus bienes, en su tierra y territorio.

Algunos de los poblados donde se documentaron flagrantes violaciones a los derechos humanos son:

Bolon Ajaw. Municipio Autónomo Región de la Montaña. Municipio oficial Tumbalá.

Municipio Olga Isabel. Municipio Autónomo Olga Isabel. Municipio oficial Chilón.

Ranchería El Nance. Municipio Autónomo Vicente Guerrero. Municipio oficial Altamirano.

Poblado 24 de Diciembre. Municipio Autónomo San Pedro de Michoacán.
Municipio oficial Las Margaritas.

San Juan del Río. Municipio Autónomo San Manuel. Municipio oficial Ocosingo.

Reserva Ecológica Huitepec. Caracol Oventic. Municipio oficial Zinacantán.

Benito Juárez. Municipio Autónomo San Manuel. Municipio oficial Ocosingo.

San Andrés. Municipio Autónomo San Andrés Sak’amchen de los Pobres. Municipio oficial San Andrés Larráinzar.

Desde hace más de una década, estos poblados padecen una ocupación militar en su territorio que en la actualidad registra la presencia de 56 campamentos del Ejército Federal permanentes sólo en el territorio indígena.

Algo que pudo observar y constatar la caravana es la frecuencia de las agresiones, la intensidad de la presión sobre las comunidades zapatistas y la forma en que la violencia afecta sus vidas de manera cotidiana.

Es por ello que esta Caravana de observación, constituida por integrantes de la Otra Campaña y adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, expresa su rechazo a las agresiones y al hostigamiento que viven nuestras compañeras y compañeros Bases de Apoyo Zapatistas y hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los medios de comunicación, a estar pendientes y denunciar la situación que padecen estos pueblos.

El despojo “legal” de tierras y los nuevos decretos expropiatorios develan una flagrante y sistemática estrategia de contrainsurgencia dirigida a los pueblos zapatistas. La guerra declarada contra estos pueblos en una fuerte disputa por la apropiación y el control del territorio y todos los recursos naturales y biológicos, enmarcada en una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas zapatistas y no zapatistas.

Por todo ello, hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se sume a la Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas de Chiapas, de México, y del Mundo, así como a la Campaña en Solidaridad con los Pueblos Zapatistas.

Por una vida digna para todos los pueblos indígenas.

Alto a la explotación, el despojo, la represión y el desprecio a las comunidades zapatistas de Chiapas.

Abajo y a la izquierda.

Firman

Agencia India
Agencia India- Michoacán
Bloque Popular Revolucionario
Brújula Roja
Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales A.C. (CAPISE)
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria A.C. (CIEPAC)
Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas A.C. (CIDECI)
Círculo de Reflexión Zapatista
Colectivo Juana Machetes
Colectivo La Garrafota
Colectivo La Rueca
Colectivo Los Machetes
Colectivo Salud y Conciencia
Colectivo Zapatista Neza
Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas A.C. (DESMI)
Educación para Niños y Bienestar para Todos A.C. (ENBIT)
Espacio Social y Cultural la Karakola
Frente del Pueblo
Frente Popular Francisco Villa Independiente-UNOPII
Juventud Comunista de México
La Otra Campaña en el Sur de Morelos
La Otra en Surponiente-DF
La Otra Huasteca-SLP
La Sexta Jovel
Medios Libres
Melel Xojobal
Mentes Autónomas
Movimiento Unificado de Lucha Triqui- DF
Mujeres y la Sexta DF-Edomex
Nodo Sexto-Puebla
Partido de los Comunistas
Regeneración Radio
Resistencias Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista.
Sector Niñ@s
Sub Región 2 Norte-Estado de México
Unidad Obrero Socialista-UníoS